Unesa, la patronal eléctrica, que engloba a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y Viesgo, remitió ayer una carta a la secretaría general de Energía en la que propone recargos del 100% en el recibo de la luz a cerca de 70.000 empresas.
En la propuesta, Unesa plantea esta medida como un periodo transitorio de dos meses, antes de que, a partir del 1 de septiembre, las eléctricas empiecen a cortar el suministro a aquellas empresas que no hayan firmado con ellas contratos libremente negociados entre las partes.
El Gobierno se enfrenta así a su primer gran reto en el proceso de liberalización total de las tarifas eléctricas en España, uno de los mayores problemas del sector eléctrico. La estructura actual de tarifas está basada en precios regulados, artificialmente tan baratos que no se corresponden con los costes.
La liberalización, al margen de las ofertas puntuales que hagan las eléctricas para intentar captar clientes al principio, terminará haciendo que los precios finales suban sensiblemente a medio y largo plazo, ya sin el paraguas de las tarifas reguladas.
El primer test en esa transición será el 1 de julio. El Gobierno se ha comprometido normativamente con Bruselas a liberalizar ese día las tarifas generales de alta tensión. Estas tarifas afectan a los contratos de potencias de entre un kilovoltio y 145 kilovoltios. A este tipo de suministro están acogidos, según los cálculos de Unesa, unos 60.700 clientes, fundamentalmente empresas o autónomos con negocios que consumen grandes cantidades de electricidad.
El problema es que las eléctricas no saben qué hacer a partir del día 2 de julio, cuando legalmente no existan tarifas reguladas. Se preguntan qué precios deben cobrar a aquellas empresas que previamente no hayan firmado con ellas un contrato bilateral, libremente negociado entre las partes.
Ultimátum
De ahí el periodo transitorio, que en la práctica supone una prórroga suficientemente punitiva como para forzar a las empresas a pasar al libre mercado, a modo de ultimátum. Unesa quiere que el Gobierno aplique la misma fórmula que ya se utilizó para hacer la misma transición con respecto a las tarifas del gas, hace justo un año. El esquema consistió en mantener unos precios regulados durante unos meses, pero con recargos elevados. Técnicamente, a los clientes que tenían una determinada tarifa, automáticamente se les pasó a otro tramo de precios más caro.
En su carta, dirigida al secretario general de energía en funciones, Ignasi Nieto, Unesa explica que el procedimiento de transición “debería ser similar al que se estableció en el sector del gas natural [...], que se resume en: aplicación de la tarifa 3.1 desde el 1 de julio, que supone un 100% de recargo con respecto a tarifas del grupo 2; y [para aquellas empresas que sigan en precios regulados] a partir del 1 de septiembre se iniciarán los correspondientes procedimientos de suspensión de suministro”. La carta llega en un momento crucial.
Hoy se prevé que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nombre su nuevo gabinete de ministros, y despeje en qué cartera recaerán las competencias de Energía. Será uno de los primeros asuntos, totalmente ineludible, que se encontrará el nuevo titular ministerial en la mesa.
“Con ánimo de que se produzca el menor número de incidencias a los consumidores, nos reiteramos en la urgencia de la publicación del procedimiento”, recuerda Unesa. Esos 70.000 clientes consumen 61.500 gigawatios/hora al año, aproximadamente la cuarta parte del total del mercado en España.
Fuentes de Industria aseguran que, en principio, no hay un periodo transitorio previsto, lo que añade aún más presión a los clientes para que, sin dilación, antes de julio se apresuren a firmar nuevos contratos. Otras fuentes señalan que se barajan algunos periodos de adaptación pero, en cualquier caso, con recargos sobre la tarifa vigente, que pueden llegar al 50% en total durante dos meses, o a un 5% aditivo cada mes, por cada mes que pase después de julio.
Ofensiva de Iberdrola para lograr 5.000 clientes por semana
La liberalización de las tarifas generales de alta tensión el día 1 de julio está provocando intensos movimientos comerciales de algunas eléctricas, como Iberdrola, para hacerse con uno de los nichos más suculentos del mercado. Aunque muchas empresas ya negocian libremente los precios con los suministradores eléctricos, el grueso del mercado sigue sujeto “a tarifa”, el término técnico que se usa para describir a aquellos contratos en los que rigen los precios oficiales marcados por el Gobierno.
Se calcula que unos 20.000 clientes de alta tensión ya han pasado, o están pasando a mercado. Quedan otros 70.000 clientes que aún tienen que hacerlo. Todos ellos son un nicho suculento. En términos de número de clientes apenas suponen el 0,3% de los más de 25 millones contratos de suministros eléctricos que hay en España. Pero en términos de consumo y facturación representan casi una cuarta parte de todo el mercado.
Según algunas fuentes, Iberdrola está llevando a cabo una política de ofertas muy activa. Está captando contratos con clientes de tarifas generales de alta tensión a un ritmo que en algún momento ha llegado a 5.000 por semana. Teniendo en cuenta que la propia dinámica del mercado obliga a negociar libremente entre las partes, no se puede hablar de ofertas estándar. Depende de los casos, pero en general se puede hablar de descuentos sobre tarifa superiores al 2% lo que se está ofreciendo. Lo incierto es qué ocurrirá en los próximos años. Los precios, en todo caso, son sólo uno de los aspectos de ese escaparate de ofertas.
Empiezan a cobrar fuerza otros aspectos comerciales. Iberdrola está añadiendo un servicio de atención y de calidad las 24 horas, un gestor personalizado, o página web con información al detalle para cada cliente, con datos como su curva de consumo, facturación, etcétera.
(Fuente: Expansión.com)
