El Ministerio de Industria tiene preparados los textos legales que regularán la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que permite la directiva comunitaria del sector, que fue transpuesta a la ley española en julio de 2007. En el caso del España, el Gobierno ha optado por mantener el paraguas protector de la tarifa (mediante la fijación de un precio máximo trimestral) sólo para los consumidores con potencia inferior a 15 kW, lo que dejará fuera a algo más de 600.000 pymes que están conectadas en baja tensión pero con una potencia superior a dicho límite.
Teniendo en cuenta que la desaparición de la tarifa de la gran industria el pasado mes de julio ha provocado serios estragos (según las compañías asociadas a AEGE el precio de la electricidad se les ha encarecido más de un 50%), todo apunta a que la nueva medida que va a afectar a las pymes será también contestada por las afectadas.
Esta limitación supone que, aunque el número de pequeños consumidores ronda los 25 millones (medido en puntos de suministro), sólo van a permanecer en la llamada TUR el equivalente a un 30% del consumo. De esta manera, el Gobierno podrá frenar la acumulación de déficit de tarifa (a menos tarifa, menos déficit), que ya supera los 14.000 millones de euros.
Según la propuesta de real decreto que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso, éste 'dejará de formar parte de la actividad de distribución', según exige la directiva comunitaria. Esta actividad la ejercerán en solitario los llamados comercializadores de último recurso 'en libre competencia'. Algo que sorprende si se tiene en cuenta que, según la propuesta normativa, sólo podrán desempeñar esta función las cinco empresas que integran Unesa: Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y Eon-Viesgo. En Canarias y Baleares, la lista, que en todos los casos se revisará cada cuatro años, se limita a Endesa.
En definitiva, a partir de julio, los consumidores podrán elegir comercializador a tarifa (y no podrán cambiarse en un año), pero dentro de esta lista limitada de los cinco grandes. El comercializador de estos grupos debe mantener las cuentas separadas. El real decreto, que va acompañado de una orden ministerial que regula el traspaso de los clientes de la actual tarifa a la TUR, incluye la metodología de cálculo para revisar de forma automática el precio máximo cada trimestre. En este cálculo se sumarán los costes de producción de electricidad; los peajes de acceso a las redes que correspondan y los costes de comercialización.
Los comercializadores independientes, como Céntrica o Nexus Energía, han recibido con satisfacción que el Gobierno haya reducido el límite de potencia a 15 kW, pues se amplía así el mercado libre en el que operan. Existía el temor de que el Gobierno aplicara el criterio de empleados o facturación (50 empleados y 10 millones de euros anuales) de las pymes con derecho a tarifa que permite la directiva comunitaria.
Sin embargo, estas empresas tienen dudas de si el techo de esta tarifa les permitirá competir. Para Jordi Sarrias, director general de Nexus, 'las TUR no deberían ser deficitarias', por lo que 'los consumidores deberán pagar lo que verdaderamente cuesta el suministro'.
Por su parte, Alfredo Huertas, director de regulación de Céntrica, considera que si no se aplica la aditividad que establece la ley, 'los comercializadores independientes, que son los que dinamizan el mercado, permanecerán 'con el freno echado'. Se debe evitar, en su opinión, las subvenciones, pues les hará creer 'que la tarifa no se jubila, sino que pasa a la reserva activa y que, por tanto, pueden volver en cualquier momento en su versión anticompetitiva'.
(Carmen Monforte - www.cincodias.com - 17/11/2008)
